Por el derecho a educar en el hogar

Educar en casa es un derecho de padres e hijos equiparable jurídicamente a la obligación de educación que se le reconoce a los niños. La sentencia del Tribunal Constitucional no es solamente una sentencia en la que se recortan derechos; es una sentencia en la que se niegan derechos. Cuando la sentencia reconoce que la libertad a elegir la educación de los hijos se circunscribe exclusivamente a las horas extraescolares, no está indicando solamente la temporalidad del ejercicio (lo que ya es grave) si no que  está limitando severamente el derecho de los padres a ejercer como tales. Es como si dijera que los niños son del Estado que los educa y, que después, los padres podrán matizar dicha educación en las horas que el Estado determina. Es decir, que soy padre de dos a nueve, o de cinco a nueve, o de siete a nueve. Es decir, que puedo decidir si mi hijo irá a inglés o a alemán, a fútbol o a natación, si hará la comunión o no... ese es el margen de maniobra que el Estado permite a los padres. Decidir sobre la educación de los hijos no es un privilegio, es una obligación y un derecho de los padres. Los límites del Estado en las decisiones que afectan a la libertad de decisión de los individuos adultos merecen algo más que interpretaciones más o menos adecuadas. La Constitución garantizó el acceso de los niños a la educación en un momento en el que no estaba garantizada y las desigualdades sociales eran inmensas. Pretender que, treinta y cinco años después, ese derecho a la educación es un sometimiento a un sistema educativo obsoleto y fracasado es mucho suponer. Entender que el Estado debe tomar decisiones por nosotros es considerarnos inadecuados para ser padres. Es pretender infantilizarnos por un sistema que más parece protector que garante, totalitario que democrático.